La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración analiza los resultados preliminares de los estudios sobre la posible aplicación de la técnica de fractura hidráulica (fracking) en algunas regiones del país, principalmente en los estados de Coahuila y Tamaulipas, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad energética de México.
Durante la presentación de los primeros avances del grupo de especialistas encargado de evaluar el tema, la mandataria explicó que el objetivo es determinar si existen condiciones para aprovechar recursos energéticos nacionales sin comprometer la protección del medio ambiente ni el bienestar de las comunidades.
Los estudios identifican un importante potencial de gas natural en diversas cuencas del noreste del país, particularmente en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y parte de Puebla e Hidalgo. Sin embargo, los expertos señalaron que cualquier decisión deberá considerar factores como la biodiversidad, la disponibilidad de agua, la densidad poblacional y los posibles impactos ambientales.
Entre las recomendaciones presentadas destaca la necesidad de realizar evaluaciones técnicas y ambientales antes de autorizar proyectos de extracción, así como promover consultas con las comunidades donde eventualmente pudieran desarrollarse estas actividades.
Los especialistas también propusieron fortalecer la proveeduría local, impulsar la capacitación de personal especializado y establecer medidas para reducir el impacto de las perforaciones, incluyendo planes de manejo del agua, reciclaje de materiales y programas de restauración ambiental.
Sheinbaum reiteró que la prioridad de su gobierno es avanzar hacia una mayor independencia energética, pero subrayó que cualquier decisión deberá garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el respeto a las comunidades.
La presidenta explicó que actualmente una parte importante del gas natural que consume México proviene del extranjero, por lo que el análisis busca determinar si es viable aprovechar recursos nacionales bajo criterios científicos, ambientales y sociales antes de tomar una decisión definitiva sobre el uso del fracking en determinadas regiones del país.
