Ciudad de México.- El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, afirmó que continúa el proceso de extradición solicitado por autoridades estadounidenses contra diversos exfuncionarios y políticos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, así como el exgobernador Enrique Inzunza Cázarez y otros exservidores públicos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante su primera conferencia de prensa como representante diplomático en Washington, Lazzeri señaló que el procedimiento sigue su curso conforme a los mecanismos legales y diplomáticos establecidos entre ambos países.
“El proceso está en marcha y se encuentra dentro de las instancias correspondientes. Se trata de una solicitud formal que sigue su trámite legal”, expresó el embajador al ser cuestionado sobre el avance del caso.
Lazzeri agregó que el gobierno mexicano ha solicitado información complementaria a las autoridades estadounidenses para conocer a detalle los elementos que sustentan las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia.
La petición de extradición deriva de una investigación abierta por autoridades de Estados Unidos relacionada con presuntas actividades de narcotráfico y posibles nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones involucran a diversos exfuncionarios y actores políticos que habrían desempeñado cargos públicos en la entidad.
De acuerdo con antecedentes del caso, la solicitud fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras la presentación de documentos por parte del gobierno estadounidense. Posteriormente, la documentación fue remitida a las instancias judiciales mexicanas para el análisis correspondiente.
El diplomático evitó pronunciarse sobre la responsabilidad de los señalados y subrayó que todas las personas involucradas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Asimismo, indicó que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y procuración de justicia continuará desarrollándose bajo los canales institucionales y con apego a los acuerdos bilaterales vigentes.
La evolución del procedimiento dependerá ahora de las determinaciones que adopten las autoridades judiciales mexicanas respecto a las solicitudes de extradición y a la información proporcionada por el gobierno estadounidense.
