Ciudad de México. Una investigación del Tribunal de Justicia Administrativa puso bajo revisión presuntas irregularidades relacionadas con dirigentes de la organización Somos y antiguos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, por operaciones que representarían posibles afectaciones económicas superiores a los 563 millones de pesos.
Entre los señalamientos aparecen procedimientos relacionados con la entrega anticipada de recursos públicos y la adjudicación de obras para instalaciones institucionales.
Uno de los expedientes analiza la transferencia de aproximadamente 413 millones de pesos antes de que se cumplieran las condiciones establecidas para su entrega.
Las investigaciones también incluyen posibles responsabilidades administrativas de exfuncionarios del organismo electoral.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de recursos públicos y los mecanismos de supervisión de los contratos institucionales.
