CCE pide mayor control sobre líneas telefónicas para frenar extorsiones

El organismo empresarial considera necesario fortalecer el registro de usuarios de telefonía y mantener medidas que permitan identificar el origen de las llamadas utilizadas para cometer delitos.

Chihuahua.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, señaló que es necesario reforzar los mecanismos de control sobre las líneas telefónicas, particularmente como una herramienta para combatir el delito de extorsión.

El dirigente empresarial reconoció que el tema del registro y control de las líneas celulares ha generado debate, pero consideró que contar con información confiable de los usuarios puede ayudar a las autoridades a identificar el origen de llamadas utilizadas para cometer fraudes y extorsiones.

Mares Delgado destacó que el proceso de registro telefónico debe realizarse de manera ordenada y con mecanismos que permitan verificar la identidad de los propietarios de las líneas.

También señaló que quienes actualmente utilizan teléfonos celulares para realizar actividades ilícitas podrían verse afectados por estas medidas, ya que las autoridades tendrían mayores elementos para rastrear las comunicaciones relacionadas con algún delito.

El representante del sector empresarial añadió que el procedimiento tendrá que ser atendido por los ciudadanos que cuenten con una línea telefónica, por lo que consideró importante que las autoridades informen con claridad sobre los requisitos y las fechas establecidas.

Cancelación de líneas comenzó este mes

De acuerdo con la información presentada en la nota, a partir del 15 de agosto comenzaron las cancelaciones de líneas telefónicas que no cumplieron con el proceso correspondiente, mientras que el proceso continuaría durante los días siguientes.

El CCE señaló que, más allá de la polémica que ha generado la medida, el objetivo debe centrarse en contar con herramientas eficaces para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

Mares Delgado insistió en que cualquier mecanismo de registro deberá garantizar certeza para los usuarios y, al mismo tiempo, permitir a las autoridades actuar con mayor eficacia frente a quienes utilizan líneas telefónicas para cometer delitos.

La iniciativa se mantiene como uno de los temas que generan discusión entre usuarios, empresas y autoridades, particularmente por las implicaciones que puede tener en materia de seguridad, privacidad y control de las comunicaciones.

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