Chihuahua, Chih., 5 de noviembre de 2026. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, manifestó su expectativa de que Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentre libre de cualquier responsabilidad jurídica relacionada con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración encabezada por Guadalupe Taddei.
Domínguez consideró necesario que las autoridades realicen una revisión exhaustiva de los señalamientos, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con el propósito de esclarecer posibles actos indebidos y determinar si existen responsabilidades administrativas o legales.
El dirigente priista señaló que, por tratarse de instituciones encargadas de garantizar la democracia, es fundamental que sus procedimientos se desarrollen con transparencia e imparcialidad. Asimismo, planteó que las auditorías deben permitir conocer el manejo de los recursos y verificar que no existan irregularidades.
Al ser cuestionado sobre la situación de Claudia Arlett Espino, el líder del PRI expresó que la conoce desde hace varios años y confía en que pueda aclarar cualquier señalamiento relacionado con su desempeño profesional.
También subrayó que las investigaciones deben realizarse sin distinciones y que cualquier persona que haya participado en posibles irregularidades debe responder conforme a la ley, independientemente del cargo que haya ocupado.
Respecto a la denuncia presentada por el PRI contra el INE, Domínguez explicó que los señalamientos no se dirigen exclusivamente contra Espino, sino que incluyen a otros funcionarios y personas relacionadas con las investigaciones sobre la administración de Guadalupe Taddei.
Finalmente, insistió en que las auditorías deben llegar hasta las últimas consecuencias y que, en caso de encontrarse elementos suficientes, las autoridades correspondientes deberán proceder conforme a derecho.
El dirigente priista sostuvo que el objetivo debe ser garantizar la transparencia institucional y evitar que las dudas sobre el manejo de los organismos electorales afecten la confianza ciudadana.
