Sheinbaum habló de proceder contra funcionarios si hubo delito; Maru, según la Presidenta, estuvo de acuerdo. Ahora todas las miradas apuntan al expediente que mantiene abierto la FGR.
En política hay frases que parecen institucionales… hasta que uno revisa quién las dijo, frente a quién y en qué momento.
Claudia Sheinbaum y Maru Campos se encontraron en Ciudad Juárez después de meses de tensión por el caso de los agentes estadounidenses involucrados en un operativo en la Sierra de Chihuahua.
Y de aquella conversación salió una frase que retumbó mucho más allá del aeropuerto.
Sheinbaum reveló que le dijo directamente a la Gobernadora que, si las investigaciones acreditan que algún funcionario o exfuncionario de su administración cometió un delito, se tendrá que proceder.
Pero después vino lo verdaderamente interesante:
según la Presidenta, Maru estuvo de acuerdo.
Y ahí cambió todo.
Porque una cosa es que la Federación anuncie que continuará una investigación.
Y otra muy distinta es que, después de meses de desencuentros, desde Palacio Nacional se haga público que la gobernadora de Chihuahua no pondría objeciones a que la justicia alcance a integrantes o exintegrantes de su propio gobierno, siempre que existan elementos legales para hacerlo.
¿Simple coordinación institucional?
Puede ser.
¿Una señal de que políticamente ya no habrá paraguas para proteger a nadie?
Esa es la pregunta que inevitablemente comienza a flotar.
Porque mientras arriba aparecen las fotografías de reconciliación, abajo sigue caminando un expediente.
Y dentro de ese expediente existen nombres.
Dos de ellos particularmente conocidos:
César Jáuregui.
Arturo Zuany.
Entonces aparece la pregunta incómoda que puede marcar el siguiente capítulo:
¿QUIÉN PODRÍA QUEDAR SIN PARAGUAS?
Hasta hoy no existe evidencia pública de que Maru Campos haya negociado la suerte judicial de ninguno de sus antiguos colaboradores.
Pero tampoco puede ignorarse el nuevo escenario.
La Presidenta habló.
La Gobernadora —según Sheinbaum— aceptó la premisa.
Y la FGR continúa investigando.
Por eso quizá todavía sea demasiado pronto para hablar de “cabezas entregadas”.
Pero definitivamente ya vale preguntarse quién podría quedarse sin protección política si la investigación federal encuentra responsabilidades.
Porque en política los acuerdos importantes rara vez vienen acompañados de un comunicado que explique todo.
A veces basta una fotografía.
Una conversación privada.
Y una frase pronunciada después frente a los medios:
“Si hay delito, se procede”.
Ahora falta saber contra quién.
Y ése, lector…
es el dato que todavía falta.
