Un tribunal federal dio un revés al proceso penal iniciado contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en Derechos Humanos de Chihuahua, al determinar que la acusación presentada en su contra por presuntos actos de tortura psicológica no contaba con la precisión necesaria para sostener su vinculación a proceso.
González Arredondo fue uno de los funcionarios que participaron en las investigaciones de la denominada Operación Justicia para Chihuahua, estrategia impulsada durante la administración del exgobernador Javier Corral para investigar una presunta red de corrupción vinculada al gobierno de César Duarte.
Años después, el exfiscal fue acusado por la Fiscalía General del Estado de haber cometido actos de tortura psicológica contra personas involucradas en aquellas investigaciones. Sin embargo, un tribunal colegiado federal consideró que la imputación presentaba deficiencias que afectaban el derecho de defensa del acusado.
Uno de los principales cuestionamientos fue la falta de precisión sobre las circunstancias concretas en las que supuestamente ocurrieron los hechos. De acuerdo con la resolución, la acusación señalaba un periodo amplio —entre febrero de 2017 y noviembre de 2018—, pero no detallaba de manera suficiente cuándo, cómo y bajo qué circunstancias se habrían cometido los actos atribuidos al exfuncionario.
Para los magistrados, esta falta de especificidad impedía que González Arredondo conociera con claridad los hechos que debía enfrentar y pudiera ejercer adecuadamente su defensa. Por ello, la resolución que mantenía la vinculación a proceso quedó sin efecto.
El caso ha generado especial atención debido al papel que González Arredondo desempeñó en las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a la llamada Operación Justicia para Chihuahua. Durante ese proceso se llevaron a cabo investigaciones y acciones penales relacionadas con una presunta estructura de corrupción durante la administración de César Duarte.
La situación del exfiscal también había sido señalada por organismos internacionales. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó previamente preocupación por el proceso en su contra y por la posibilidad de que estuviera relacionado con su participación en investigaciones de corrupción y violaciones a derechos humanos.
El fallo federal representa así un importante revés para la acusación presentada contra González Arredondo. No obstante, la resolución se centra en las deficiencias de la imputación y en las garantías del debido proceso, por lo que no equivale, por sí misma, a una declaración judicial de que los hechos denunciados nunca ocurrieron.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las investigaciones derivadas de la Operación Justicia para Chihuahua y el enfrentamiento político y judicial que se ha prolongado durante varios años alrededor de quienes participaron en ella.
