El Gobierno del Estado de Chihuahua analiza la integración de elementos jurídicos para proceder contra personas o grupos que presuntamente utilizan la imagen institucional de la administración estatal con fines de lucro o para generar confusión entre comerciantes y ciudadanos.
El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que se trabaja en la recopilación de pruebas que permitan presentar una denuncia formal contra quienes hagan uso indebido de símbolos, logotipos o representaciones oficiales del gobierno estatal.
El funcionario exhortó a la población a mantenerse alerta y no dejarse engañar por personas que se presenten como representantes de la autoridad para ofrecer servicios o realizar advertencias relacionadas con eventos públicos o actividades comerciales.
De la Peña aclaró que la Subsecretaría de Gobernación únicamente desempeña las funciones que le corresponden por ley y negó que tenga facultades para intervenir en transmisiones de eventos deportivos o imponer sanciones vinculadas con plataformas de servicios.
Asimismo, explicó que las labores de supervisión realizadas por la autoridad estatal se enfocan en verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, el respeto a horarios establecidos y la correcta operación de establecimientos que requieren permisos y licencias.
El secretario expresó preocupación por reportes sobre personas que presuntamente utilizan la imagen institucional para intimidar o presionar a empresarios y comerciantes, advirtiéndoles sobre posibles inspecciones o clausuras en caso de no contratar determinados servicios.
Indicó que, de confirmarse alguna irregularidad relacionada con el uso de marcas o identidad institucional, la atención del caso podría involucrar a instancias federales competentes en materia de propiedad intelectual.
Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía y al sector empresarial para denunciar cualquier intento de fraude o uso indebido de la imagen gubernamental, con el fin de evitar afectaciones y garantizar que las acciones oficiales se realicen únicamente por conducto de las autoridades facultadas.
